En 1978, se produjo un cambio fundamental de políticas públicas, especialmente en lo económico. De una economía semi dirigida, coherente con grandes organizaciones sindicales y con negociaciones colectiva por área de producción, incluso con participación del Estado en las discusiones y acuerdos, se pasa a una nueva categorización de las organizaciones sindicales, cuya base es el sindicato de empresa.
La idea central está en que la facultad de negociar, queda radicada al interior de la empresa. Sistema opuesto a la negociación por área antes existente. En este nuevo sistema, cada empresa va a tener su propio acuerdo colectivo, acorde a las realidades financieras de cada una. Con ello, se pretende no sólo que cada empresa tenga condiciones de trabajo y de remuneración propias de su realidad, de modo que la competitividad sea amplia, pues el precio final de los productos será fijado por cada una de estas unidades económicas, independientemente de la regulación y acuerdos de la competencia.
Las modificaciones que se han realizado a la negociación colectiva durante los distintos gobiernos de la Concertación no han sido profundas, puesto que no implican un cambio en su base ideológica que lo sustenta desde 1979, no obstante que han servido la cartera del Trabajo ministros socialistas. La respuesta a la pregunta del por qué, se puede encontrar en el deseo de mantener el sistema de libre mercado, que por cierto a dado frutos en materia económica. Pensar en elevar el nivel de la negociación colectiva, implicaría que las empresas de un mismo sector nivelarán e igualarían costos de remuneración y por ende, la competitividad perdería fuerza, sobre todo en las empresas que no logran suficientes economías de escala.
Los trabajadores, sin embargo, nunca han aceptado la “atomización” de las organizaciones sindicales y de la negociación colectiva, las que al estar radicas al interior de la empresa, les hace perder poder negociador. Las movilizaciones que se han observado durante este año, con fuertes enfrentamientos y violencia, se producen como expresión de ese desacuerdo profundo de los trabajadores, quienes han llevado a los hechos, aquello que la ley no les concede: negociar por sobre las empresas, por una parte y, por otra, llegar a acuerdos con quien en definitiva percibe el fruto final de los esfuerzos del trabajo, y no los contratistas o subcontratistas.
Hoy nos encontramos en esta disyuntiva fundamental: o se abre en Chile la posibilidad de negociar colectivamente por sobre la empresa, o se mantiene en su interior. Lo fundamental es, primero, dilucidar y acordar el sistema económico que queremos y que conviene a las empresas, a los trabajadores, en el fondo al país, para luego diseñar la estructura sindical y de negociación acorde y coherente con dicho sistema económico. En tanto, resulta obvio que se lleve a cabo el diálogo social que todos aspiramos y esperamos, a fin de dar paliativos que superen los problemas más urgentes de la nación.
