La Bolsa chilena, al igual que otras, ha sufrido bajas sustantivas en sus indicadores en lo que va corrido del año, lo que ha implicado que muchos inversionistas tengan pérdidas, no sólo de rentabilidad, sino también de parte del capital involucrado.
Esto, que podría estar ajeno a la gran mayoría de las personas, se ha traducido en fuertes bajas en los ahorros previsionales de los chilenos, quienes ven en mayor o menor grado una disminución en sus fondos de pensiones, dependiendo de la exposición que el fondo escogido posea en relación a la renta variable.
En tal sentido, muchos países con un sistema de ahorro de pensiones similares han sufrido de igual manera. La Presidenta de Argentina recientemente ha firmado un proyecto para estatizar a las Administradoras de Fondos bajo el argumento de defender la rentabilidad de los mismos, lo que a mi entender, no fundamenta esa medida puesto que no existe razón por la cual una administradora de inversiones, ahora de naturaleza estatal, pueda obtener mayores rentabilidades, salvo que maneje información privilegiada y que pueda ser utilizada con algún sesgo político.
A este lado de la cordillera, se escuchan voces que nuevamente plantean la idea de crear una AFP estatal, bajo el fundamento de que ésta podría cobrar comisiones a sus afiliados más bajas que las actuales del mercado.
Estoy de acuerdo en que las comisiones de las AFP son lo suficientemente altas como para permitir beneficios sobre normales a los integrantes de esta industria, lo que queda de manifiesto en los APV, mercado absolutamente abierto a otras entidades tales como bancos y compañías de seguro, y que por su competitividad implica comisiones más bajas. De hecho, a mi juicio las comisiones de las AFP deberían estar asociadas a la rentabilidad de las mismas, como es el caso de los fondos mutuos de renta variable.
La idea de una AFP estatal podría introducir más competitividad, pero quizás la empresa pública pueda alterar las condiciones de libre mercado al estar, por ejemplo, subsidiada. De no estarlo, podría existir un conflicto de intereses ya que sus inversiones podrían estar alineadas a los intereses gubernamentales, o bien, su entidad fiscalizadora, de similar naturaleza estatal, podría ser cuestionada en su actuar.
Una forma de solución al problema anterior, sería que la AFP estatal tuviese miembros independientes en su Directorio, y así permitir una dirección superior autónoma. Sin embargo, la real solución no vendría por los aspectos legales de la misma, sino por la rentabilidad que arrojase en sus diferentes fondos y que le permitiría ser aceptada o rechazada por el mercado.
Por lo mismo, la idea de generar una empresa pública que administre los fondos de pensiones no tiene fundamentos bajo el punto de vista de la rentabilidad, y el problema de la competitividad del sector y sus tarifas debiese ser solucionado al revisar las barreras de entrada al sector. Su correcta fundamentación, podría ser el enfoque social que ésta pudiese tener, al concentrarse en los segmentos menos atendidos por el sistema actual.
