En el último tiempo hemos estado viviendo en diversos niveles, pero generalizado en todo el mundo, un movimiento social que demanda una mayor participación en todas las áreas y esferas de las distintas sociedades. Sin exagerar, es un fenómeno absolutamente extendido, y que los sociólogos y estudiosos del comportamiento humano están analizando y deduciendo de él las más diversas conclusiones.
Sea en Europa, en Asia, o en nuestra América, los fenómenos sociales consistentes en manifestaciones públicas están generando demandas de cambios o de políticas públicas nuevas: por la energía, por la ecología, por la libertad de expresión, por cambios culturales, por leyes específicas, en fin, por un sin número de situaciones, donde los integrantes de cada sociedad en particular, se manifiestan a fin de hacerse escuchar.
En tales realidades, los sistemas políticos y legales existentes tienen todos ellos los canales democráticos para que los integrantes de esa sociedad puedan dar su parecer y manifestar sus voluntades. Éstos en nuestro país son aquéllos que son elegidos como sus representantes en los órganos públicos, vale decir, Presidente de la República, Diputados, Senadores, Alcaldes, Concejales. Ellos son los que nos representan y los elegimos porque nos personifican, y además encarnan nuestras ideas o ideologías, por eso optamos por cada uno de ellos. De esta forma las corrientes mayoritarias como las minoritarias están debidamente representadas para que se legisle y se den soluciones como políticas públicas representativas de acuerdo a la voluntad de quienes los eligieron.
Entonces cabe preguntarnos ¿cómo es posible que no se confíe en aquéllos que elegimos para representarnos? ¿Ya no nos representan? O debido a otros factores quienes nos representan no fueron escogidos en las oportunidades democráticas correspondientes, sino más bien a designaciones posteriores, tales como determinados reemplazos en el Congreso. O bien, continúo con hipótesis, quienes se manifiestan simplemente corresponden a quienes su representante no los encarna, por haber optado por otro de los candidatos a la plaza política.
Pero en todos los casos anteriores, ¿por qué debemos entonces salirnos de los canales constitucionales y legales para hacer presente nuestras ideas y necesidades? Si bien ambas formas de manifestarse: la calle y la urna de votación, son formas legítimas de expresión, la pregunta es ¿por qué ha aumentado la primera por sobre la segunda? Estimo que una causa podría ser la mínima participación de los más jóvenes en los procesos electorales, ya que la mayoría no se inscribe ni participa en dichos procesos. ¿Por qué? Muchos jóvenes afirman que hoy los partidos políticos no los representan, abriendo entonces espacios a liderazgos transversales.
Pienso que si bien se tiene el derecho a manifestarse públicamente, ésta no puede ser la única forma de hacerlo, ya que para que sea verdaderamente legítima tal manifestación, debe ir necesariamente acompañada de la manifestación de nuestras voluntades, ideas y necesidades por los canales constitucionales y legales, es decir, nuestra manifestación en la urna de votación. Sin nuestra participación por los canales constitucionales y legales, la manifestación en la calle, obviamente, pierde su legitimidad. ¿Será entonces la inscripción obligatoria y el voto voluntario la solución?
