Nuestra economía está viviendo un momento complejo. El escenario externo de elevada inflación, por ejemplo explicada por el elevado precio del petróleo, ha promovido que en nuestro país el IPC de los últimos meses sea cercano al 10%.
Sin lugar a dudas, esto trae consigo problemas de diversa índole a todos quienes apreciamos cómo los precios suben, sobre todo aquéllos compatriotas que perciben ingresos bajos, y los que están endeudados en UF, por ejemplo a través de créditos hipotecarios.
Adicionalmente, esta complejidad a nivel de las personas también se puede apreciar en las empresas, las que deben enfrentar endeudamiento en UF, o simplemente ven como sus costos aumentan con el dilema de acrecentar sus precios a riesgo de perder competitividad frente a las importaciones que gozan de un dólar bajo.
Las empresas exportadoras están colapsando en sus márgenes por el valor de la divisa, y en general las empresas han debido ajustarse a estos escenarios vía sus costos, incluidos los referidos a sus trabajadores.
A fin de controlar la inflación, el Banco Central ha debido elevar la tasa de interés, lo que ha producido un encarecimiento de los créditos, con el propósito de reducir el consumo y lo que pocos destacan, la inversión privada.
Por lo mismo, el nivel de producción del país está dando señales de disminución en su tasa de crecimiento, tal como lo expresó el último IMACEC, lo que hace pensar en que la economía puede verse afectada de mala forma para los próximos meses.
En este escenario, la autoridad debiese cuestionarse en torno a las medidas que está tomando, ya que la elevada tasa está perjudicando la inversión de las empresas privadas y el consumo de las familias, obligando a éstas a disminuir su gasto, que en los niveles socioeconómicos medios y bajos se traducen en estrategias creativas de ahorro y/o supervivencia, que van más allá de un simple “apretón de dientes”.
A mi entender, la economía debe estar al servicio de las personas y de su bienestar, por tanto las medidas a tomar debiesen considerar no sólo datos estadísticos y gráficos, sino personas y realidades que obligan a tomar decisiones con características más sociales.
En tal sentido, creo que la inflación no sólo debe ser tratada con la tasa del Banco Central, sino con una disminución en el gasto público por parte del gobierno. Esto, porque no sólo las personas debiesen ser ahorrativas y evitar consumos ineficientes, sino que el Estado también debería hacer lo propio.
Esta reducción del gasto público no debería ir por el lado del llamado gasto social, sino en aquellos ítemes donde el Estado puede hacer hoy un esfuerzo, y sobre todo, eliminando errores en su operación, como los ejemplos de inoperancia que se han visto por la prensa.
Con la reducción del gasto público, sin lugar a dudas, no sería necesaria que la tasa de interés alcance valores que perjudiquen en extremo al consumo de las personas, y darían un respiro a las empresas privadas que permiten la productividad y el empleo.
