Con sorpresa reviso la prensa y me informo que el gobierno incentivará a las grandes empresas a cumplir con un comportamiento de pago adecuado con las Pymes, a través de la entrega de un “Sello Pro Pyme” que certificará que el pago es en un plazo inferior a 30 días corridos. De esta manera se espera que las grandes empresas certificadas sean escogidas por las Pymes como mejores clientes, y por ende los prefieran para sus transacciones, aun cuando en la realidad, el pequeño empresario vende donde puede, mas si las grandes empresas en algunos sectores industriales poseen conductas del tipo monopólicas, con poderes negociadores altos, donde el empresario de menor tamaño siempre pierde, esperanzado como David frente a Goliat.
Gran parte de las empresas, y he ahí el incentivo gubernamental, paga en plazos superiores a los 60 días, incluso superiores a los 90 días, lo que obliga al pequeño empresario a buscar financiamiento externo. Ya bastante endeudado, su acceso al crédito siempre es limitado, por lo que el financiamiento muchas veces es con recursos propios, lo que los obliga a tener un capital de trabajo bajo el óptimo, menor a lo deseado, afectando entonces su nivel de ventas. Parte importante de sus costos, por no tener necesariamente alta tecnología, son sus trabajadores, con quienes tiene una obligación mensual, pagos periódicos a 30 días, y cuyo incumplimiento es sancionado fuertemente. Para qué referirnos a la Pyme exportadora, sector altamente vulnerable a las variaciones del precio del dólar, pues cuando éste cae por los $460, la rentabilidad disminuye al punto de obligar el cierre y quiebra de muchas.
Este es el ahogo permanente en que viven las Pymes, 140 mil empresas en Chile, más del 98% de las empresas existentes en nuestro territorio y que dan empleo a más del 60% de los chilenos. De más está recordar las bajas tasas de emprendimiento en Chile y los aspectos positivos del autoempleo para economías en desarrollo. Por lo mismo, no cuestiono el incentivo del gobierno, sino que discuto que se deba incentivar al empresariado a generar y mantener políticas empresariales adecuadas, justas, las que se denominan como buenas prácticas, pues claramente debería nacer de ellos mismos, pues la verdadera responsabilidad social no es aquélla que se publicita, sino la que se vive permanentemente.
La empresa chilena debería de encaminarse a conductas responsables con sus proveedores, acreedores, trabajadores, clientes, distribuidores y propietarios, y en general, todos sus públicos. Pues justamente son las malas prácticas de algunas empresas las que enturbian el escenario económico, social y político, pues abusos y usuras de algunos dañan el sano lucro, la adecuada rentabilidad que tienen otros por hacer bien su quehacer, su negocio. Incentivar las buenas prácticas empresariales me parece bien, pero me gustaría una actitud aun más fuerte del Ministerio de Economía, pues cuando la “zanahoria” no es atractiva, la “vara” debiese tomar su lugar.
