Universidad y Movilidad Social

Bajo el punto de vista económico se podría analizar a la educación como inversión y utilizar en ella la figura del “retorno sobre la educación”, midiendo así la variación de los ingresos de las personas como resultado de la adquisición de niveles educativos, o de agregación de valor en el capital humano producto de una mayor cantidad de años de escolaridad, resaltando a la educación como un factor crítico – bien público - para el progreso económico y social. La rentabilidad para las personas, está dada por la tasa interna de retorno, vale decir la tasa de interés que iguala en valor presente los costos efectuados en educación. En tal sentido, estudios confirman que años adicionales en escolaridad implican aumentos sustantivos en las remuneraciones, del orden del 10% por año adicional, permitiendo entonces disminuir los niveles de pobreza, facilitando la movilidad social y permitiendo una sociedad más igualitaria en ingresos y en conocimientos. Por lo anteriormente expuesto, para la persona la educación resulta del todo relevante como camino para la movilidad social. En palabras simples se puede definir movilidad social como el cambio de las personas en la estructura social y económica de una población. De esta definición se desprende que la misma conlleva cambios verticales en la jerarquía estratificada, puesto que cambios horizontales no implican acceder a un estrato diferente. Una mejora en el nivel educacional de una persona se traduce entonces en un aumento en la probabilidad de que tal individuo progrese de un estrato a otro, siempre y cuando el efecto en el salario permita la verticalidad en la movilidad, dado que quien se encuentra en los niveles superiores difícilmente ascienda, o bien su movilidad es básicamente de naturaleza marginal. El mayor impacto de la educación como catalizador de movilidad social será para aquellas personas de niveles inferiores de la jerarquía. Por lo mismo, el aumento en la cobertura en la educación superior es la base para una mayor movilidad social y representa la mejor solución para la pobreza. En nuestro país el aumento de la cobertura y de los beneficios que el Estado entrega en materia de educación superior, han permitido avanzar en generar una gran clase media, remontando a quienes antes se encontraban en estratos inferiores, así como también esta educación y otras políticas públicas sociales han permitido reducir la pobreza. Todo esto en el marco de un crecimiento económico sostenido que ha generado las condiciones de oferta y de demanda de un mercado laboral que ha facilitado la inserción laboral, y una mayor autonomía de las personas en relación al Estado. En tal sentido, oportuno es cuestionarse por la disposición de las universidades por fomentar la movilidad social. Resulta interesante analizar los propósitos institucionales (Misión y Visión) de las 59 universidades que operan en nuestro país. Del total, sólo 15 de ellas (25%) hacen referencia a la movilidad social o conceptos relacionados. Esta situación es preocupante toda vez que el esfuerzo por agregar mayor valor educacional a las personas, justamente en grupos de menores oportunidades, no es prioritario para la gran mayoría de las universidades. La Universidad Santo Tomás establece en su Visión que busca ser reconocida como una institución “comprometida con sus alumnos y con la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación”, clara manifestación de su compromiso por aportar al país en esta materia. Sin embargo, es fundamental que un mayor número de instituciones expliciten en sus propósitos institucionales una orientación hacia la generación de oportunidades, toda vez que diversos sistemas de calidad finalmente buscan por determinar la coherencia entre el quehacer académico y sus resultados, y tales propósitos, que al no estar debidamente explicitado en ellos no permite establecer si contribuyen debidamente al país en este crucial tema. En Chile la desigualdad, la pobreza, la falta de productividad, el magro crecimiento económico, son problemas que se diagnostican a diario por diversos estudios, y por lo mismo la educación debe ser merecedora de políticas públicas que la incentiven, toda vez que su naturaleza estratégica implica aumentos en la productividad del trabajo, y del bienestar individual y social. Sólo en la medida de que tales políticas tengan un foco en el fomento de instituciones con vocación por la movilidad social, la inversión en capital humano generará una agregación de valor mayor en el progreso económico, social y cultural de la población.